Que el dinero en metálico es un producto desfasado es un hecho. Está claro que es mucho más cómodo llevar un par de tarjetas de crédito que un bolsillo cargado de monedas y billetes, no sólo por el espacio ocupado, sino por el total de crédito disponible.

Con brutal digitalización en la que estamos cada vez más inmersos, sería totalmente lógico que el dinero plástico se impusiese al viejo modelo analógico de aquí a unas décadas, desbancándolo por completo en los países desarrollados. Costará, claro, porque es algo mucho más seguro y controlado que el antiguo, con lo que manejar dinero negro y cualquier otro tipo de operación fraudulenta serán acciones mucho más complicadas (y son precisamente quienes nos gobiernan y los lobbies que los manejan los menos interesados en la transparencia y la legalidad).

En Japón, reflejo del futuro y último de los baluartes del honor en la política, hace ya tiempo que está desapareciendo el dinero real, y favoreciendo nuevos métodos tecnológicos para facilitar el uso de dinero electrónico.

En España, sin embargo y en plena crisis, nos encontramos con políticos a los que les gusta legislar siguiendo dios sabe qué propósitos y principios, y dentro de dos o tres semanas entrará en vigor una nueva ley que permitirá a los comercios trasladar las comisiones que pagan a los bancos por aceptar pagos con tarjeta a los clientes. ¿A santo de qué? Imagino que muchas pymes se sentirán asfixiadas por las abusivas comisiones que les obligan a pagar los bancos por ofrecer este servicio, y algún lumbreras de la casta política, con demasiadas acciones en algún o algunos bancos, habrá pensado que en lugar de controlar y atajar tanta comisión infame*, lo mejor era presionar aún más al consumidor. Así aprovechamos y afirmamos que ya no hay crisis, que en caso contrario no tomaríamos estas medidas. Debo señalar, que muchos comerciantes han afirmado que no aplicarán esta medida y seguirán cargando ellos con el pago de la comisión, actitud que aplaudo.

Me parece una medida totalmente ridícula y desfasada. Lo lógico sería que se defendiese la implantación de la tarjeta de crédito como modelo de pago, y proteger su uso como un derecho básico de todo ciudadano (aunque también la vivienda digna es un derecho). Habría que atajar desde el Gobierno las prácticas usureras del sector bancario y obligar a ofertar tarjetas (de crédito o débito, u otros modelos si existen) como algo totalmente natural. Es que lo que hay ahora es como si cada vez que se hace un pago en metálico tuviésemos que pagar una comisión a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

* Nota: Y en ese artículo no aparece, pero si intentas hacer una transferencia por internet a una cuenta y utilizas espacios en lugar de guiones (o al revés) para separar los dígitos, te pueden llegar a cobrar diez o doce euros en concepto de transferencia a una cuenta inexistente. Algo que se puede comprobar con una línea de código en la aplicación y que es clara culpa del banco por aceptar entradas que no puede procesar. Esto es una anécdota totalmente real que le ocurrió a un amigo hace dos semanas.